Pedro Pulgar/ Torrelavega/ 30 Abril 2008
Apenas han trascurrido unas semanas desde la formación del nuevo gobierno, y la credibilidad del ejecutivo socialista empieza a ponerse en cuestión. Esto no sería nada nuevo de no tratarse esta vez de los inmigrantes.
Los inmigrantes suponen aproximadamente el 10% de la población del país cuando hace una década su presencia no pasaba de ser simbólica. Unos años de bonanza económica – principalmente en el sector de la construcción – unidos a una política de “papeles para todos” fomentada en la anterior legislatura por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, propició que oleadas de inmigrantes eligiesen España como país de elección. Millones de magrebíes, latinoamericanos, y europeos del este acudieron en respuesta al “efecto llamada”.
Sin embargo, y tras los primeros síntomas de agotamiento del modelo de crecimiento económico, los socialistas empezaron a cambiar de idea. Los datos actuales del Instituto Nacional de Estadística reflejan cómo cerca de un 25% de los inmigrantes se encuentran en el paro. Es decir, muchos inmigrantes están pasando de ser contribuyentes netos a las arcas de la Seguridad Social a depender de ella. Dependencia con fecha de caducidad ya que altos cargos del gobierno llevan días difundiendo la idea de que solamente podrán cobrar el subsidio de desempleo por un tiempo limitado (generalmente seis meses) para después ser devueltos a sus países de origen.
Esta sutil forma de expresión evita mencionar un concepto tabú para cualquier inmigrante: la deportación. Pero no se trata de ningún fenómeno nuevo, de hecho, solamente en la anterior legislatura (2004 – 2008) el gobierno deportó más de 100 mil extranjeros sin papales, un 43% de aumento con respecto al anterior gobierno conservador.
“Uno ya no se puede fiar de éste gobierno”, dice Nélida Guevara, una colombiana que lleva años desempeñando labores domésticas en Cantabria, en el norte de España. “Todos los políticos son iguales. Antes querían nuestro trabajo y aquí estamos; ahora que no hacemos falta nos quieren regresar. No se puede creer en lo que dicen”, añade con gesto de resignación.
A ciencia cierta la crisis económica afecta a todos por igual, pero cada vez es mayor el número de españoles que se declara laboralmente perjudicados por la llegada masiva de inmigrantes. Tanto así que el propio Zapatero durante el discurso de investidura dijo que “Ni un solo ciudadano [español] se verá privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes”. Fue el primer aviso.
El segundo fue el nombramiento de Celestino Corbacho como nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, un socialista con fama de “duro” después de haber sido alcalde en la ciudad catalana de L´Hospitalet. El sobrenombre de duro le viene tras haber implantado medidas como el establecimiento de nuevas normativas que limitan la apertura de locutorios, nuevos horarios de apertura de comercios regentados por inmigrantes, redadas en bares propiedad de hispanos e inspecciones en las viviendas donde se amontonan gran número de personas sin papeles. “Cuando se afronta un fenómeno global como la inmigración que afecta a tantas cosas, hay que anticiparse y gobernarlo. Tiene que haber disciplina en el cumplimiento de las normas”, declaró Corbacho al diario Público.
Corbacho ha dicho que “Pueden venir todos los inmigrantes que quepan y uno más, pero con contrato de trabajo”. Trabajo que hay que conseguirlo antes de llegar a España. Funcionarios de la embajada española en México dijeron recientemente a este corresponsal que la tramitación de estos permisos de residencia puede llegar a suponer un periodo de tiempo indefinido sin ninguna garantía.
La nueva política migratoria, según todos los expertos, supone un giro realista que contradice lo que solamente en privado se atreven a expresar dentro del partido socialista: “En el imaginario colectivo ha calado la idea de que nosotros somos más blandos con la inmigración irregular”, dijo una fuente anónima al citado periódico acérrimo partidario del gobierno.Los primeros estudios post electorales del partido socialista confirman que de todas las propuestas lanzadas por los conservadores durante la campaña electoral, la de mayor aceptación popular fue el “Contrato de Integración” que generó a un trasvase de votos hacia la derecha. En ella se estipulaba un compromiso por parte de los inmigrantes de conocer la lengua y costumbres de los españoles.
Esta propuesta fue calificada por Zapatero en plena campaña como síntoma de racismo. El presidente ocultó el hecho de que la iniciativa venía impulsada desde Bruselas (sede del gobierno europeo) y es similar a otras vigentes en países como Francia, Italia e Inglaterra. El propio gobierno comunitario declaró ser partidario de prohibir las “legalizaciones masivas” de inmigrantes efectuadas por países como España e Italia.
Una vez ganadas las elecciones, ya no hay motivo para ocultar el verdadero rostro de la política migratoria del gobierno. La novedad es que ahora las cosas se dicen en público mientras que antes se ocultaban.